La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la convocatoria para iniciar la consulta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El proceso busca que más de 16 mil comunidades y 8 millones de personas —el 20.5% de la población— sean reconocidas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El plan es ambicioso y se divide en ocho libros que incluyen desde la libre determinación hasta un "juicio de amparo indígena", una innovación jurídica que llega justo a tiempo para el tercer siglo de vida del país. Para lograrlo, el Gobierno ya movilizó a 35 dependencias federales, organizó 148 reuniones y armó un comité técnico con 20 personas, repartidas equitativamente entre hombres y mujeres.
El calendario de la consulta es preciso: entre julio y octubre de 2025 habrá etapas informativas y deliberativas, incluyendo 82 asambleas regionales y mesas de trabajo en ciudades como Tijuana, Monterrey y La Paz.
La meta es entregar la iniciativa al Congreso el 12 de octubre, fecha que antes se conocía como el Día de la Raza y que ahora se llama Día de la Resistencia de los Pueblos.
El Gobierno espera que la ley llegue a la Cámara de Diputados ese día, después de que los pueblos indígenas resistieran otros 200 años a que alguien redactara el documento.