El plan era noble en el papel: en medio de una crisis de combustible que dejó a los trenes saliendo cada 16 días, el Gobierno decidió que los boletos fueran solo para quienes presentaran un certificado médico, un trámite consular, un acta de defunción o un pase carcelario.
Dos meses después, las autoridades admitieron que el sistema fue un éxito, pero en el sentido equivocado. Según un comunicado oficial, el "deficiente manejo" de estas prioridades creó las condiciones ideales para que florecieran la corrupción y la indisciplina en la asignación de los asientos.
Básicamente, el Gobierno confirmó lo que los usuarios ya gritaban en Facebook: que la única "urgencia" real era el hambre de dinero de quienes tenían el sartén por el mango.
Para intentar arreglar el desastre, el Ministerio del Transporte regresó a la venta abierta de boletos, aunque ahora con un plazo de reserva de solo tres días. Esta medida responde a que, además de la corrupción, el combustible sigue sin llegar, lo que ha dejado a los pasajeros varados en las estaciones esperando un milagro o un tanque lleno.
La aplicación de reservaciones "Viajando" permanece fuera de servicio por "trabajos técnicos", mientras que las plazas que no se vendan en agencia se ofrecerán el mismo día de la salida, directamente en la terminal.
El sistema de prioridades era tan eficiente que terminó optimizando el soborno.