El plan es sencillo: ignorar la cuenca Tampico-Misantla, que es donde el negocio realmente deja dinero, y concentrarse en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos. El problema es que en estas últimas no hay crudo para financiar la operación, por lo que el Gobierno tendría que soltar más de 7 millones de dólares diarios para que las cuentas cuadren.
Según Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, la decisión de dejar fuera a Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Veracruz no tuvo nada que ver con la técnica ni la economía, sino con la presión de grupos sociales que no quieren fracking en su patio.
En Tampico-Misantla el gas costaría 75 centavos de dólar por millón de BTU gracias a la abundancia de petróleo y un superávit de agua. En cambio, en las zonas avaladas el costo sube hasta los siete dólares y el estrés hídrico es grave.
Rodrigo Rosas, analista de Wood Mackenzie, recordó que este agujero financiero ya se conocía desde el sexenio de Peña Nieto. El reto ahora es convencer a las empresas estadounidenses de venir a perder dinero en cuencas costosas mientras la zona viable permanece intocable.
Javier Estrada, director de Analítica Energética, confirmó que la exclusión de la zona rentable fue una decisión política.
Al año, el descuido presupuestal costaría casi 3 mil millones de dólares.