La maquinaria judicial española dedicó casi una década a analizar si unos aforismos en redes sociales encajaban en el mismo artículo del Código Penal que castiga las "torturas light", como sumergir cabezas en ríos o mantener a personas atadas a la cama.
El escritor Camilo de Ory fue condenado previamente a 18 meses de cárcel y a pagar 6,000 euros por sus chistes sobre el caso de Julen, el niño que cayó en un pozo en Málaga en 2019. El proceso fue un ping-pong legal: las primeras instancias no vieron delito, el Supremo dijo que sí y mandó el caso a juicio, las instancias primera y segunda volvieron a condenarlo y, finalmente, el Supremo decidió que ya no había delito.
El origen del conflicto fue el "sesgo de telenovela" de los medios, que convirtieron la tragedia en un evento de audiencia récord durante dos semanas. Mientras la prensa buscaba desesperadamente un villano para la historia, De Ory publicó sus bromas en Twitter para una audiencia pequeña y acostumbrada a su humor.
Tras siete años y medio de litigios, el sistema llegó a la conclusión de que el humor negro no es un crimen de lesa humanidad.
La justicia ya puede descansar; el chiste ya no es tortura.