Lo que empezó como un pasatiempo de niños ahora es un problema de seguridad nacional. El Partido Liberal Democrático creó un grupo de trabajo para analizar cómo normar un mercado donde las cartas Pokémon y Yu-Gi-Oh! dejaron de ser simples pedazos de cartón para convertirse en activos financieros.
El crecimiento fue tan agresivo que el mercado primario alcanzó los 9,000 millones de dólares en 2025, sin contar la reventa entre particulares, que suma otros 2,800 millones. Según el grupo parlamentario, estas piezas ya no son "simples productos de consumo", sino herramientas que facilitan robos, falsificaciones y el presunto lavado de dinero.
A las autoridades les molesta que, aunque las franquicias son japonesas, el precio de las cartas lo deciden empresas gringas de autenticación como PSA o Beckett. El legislador Seiji Kihara busca fortalecer la propiedad intelectual de su país sin que las reglas asfixien el negocio.
El absurdo del valor actual quedó claro con el influencer Logan Paul, quien revendió un Pikachu Illustrator en 16.5 millones de dólares. El mismo Paul ya probó el riesgo del sector cuando pagó 3.5 millones por una caja sellada que, en lugar de Pokémon, traía cartas de G.I. Joe.
El gobierno japonés ahora busca que el flujo de dinero sea legal, aunque sea para comprar un ratón amarillo.