Leopoldo Hernández Castellanos, mejor conocido como Polo Castellanos, descubrió en abril de 2025 que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) había sido muy generoso con su currículum: el instituto emitió comprobantes de nómina a su nombre durante un año, creó dos plazas y hasta redactó una renuncia que el artista jamás firmó. Lo único que el pintor no recibió fue el trabajo ni el dinero.
Ante este despliegue de creatividad administrativa, Castellanos acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El organismo, en un ejercicio de gimnasia legal, respondió que no puede intervenir ya que solo atiende quejas contra "autoridades y personas servidoras públicas de carácter federal".
Para la CNDH, el Inbal y la Fiscalía General de la República (FGR) parecen operar en una dimensión distinta a la federación. Como sugerencia, le recomendaron al artista que mejor busque asesoría en el Instituto Federal de Defensoría Pública.
El laberinto no termina ahí. El pintor ya había denunciado el fraude ante la FGR, pero la fiscalía decidió que el caso era un "asunto entre particulares", como si el Inbal fuera un vecino molesto y no una institución pública. Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción —que pertenece a la misma FGR— sí inició una investigación por corrupción en el instituto y citó a Castellanos, aunque solo como testigo y no como la víctima del robo.
Para rematar la eficiencia del sistema, el expediente del caso fue enviado al "búnker" de la dependencia, donde actualmente se encuentra perdido.
Castellanos ya promovió un amparo y evalúa llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues en México parece que la única forma de encontrar un expediente es que alguien lo pierda primero.
La CNDH sigue esperando que el Gobierno se convierta en autoridad federal para poder empezar a trabajar.