La Corte Suprema de Trinidad y Tobago bloqueó permanentemente la extradición del exvicepresidente de la FIFA. No fue por falta de pruebas o una defensa brillante, sino porque el Estado trinitense le mintió a sus propios tribunales al inventar que existía un "acuerdo especial" de extradición con Estados Unidos.

La jueza Karen Reid señaló que el gobierno incurrió en una grave violación al "deber de franqueza". El error fue detectado, pero el Estado decidió no corregirlo en el expediente, permitiendo que el juicio avanzara sobre una base falsa.

Para la justicia local, seguir adelante con el proceso fue una violación al derecho de libertad de Warner. Como premio al descuido administrativo, el Estado ahora deberá pagarle los costos del juicio al exfuncionario.

Warner, quien ayudó a que Rusia y Catar fueran sedes mundiales, enfrenta acusaciones de haber recibido millones de dólares en sobornos. Entre ellos, un pago de 10 millones de dólares de Sudáfrica para asegurar el Mundial 2010.

El exministro y parlamentario ahora espera una audiencia el 30 de septiembre para discutir cuánto dinero recibirá como indemnización por el mal manejo de su expediente.

El corruptiongate terminó en un error de dedo.