La jueza Sheri Polster sostiene que, técnicamente, el centro sigue abierto. Según la funcionaria, ni el gobierno de Estados Unidos ni las autoridades de Florida han presentado evidencia suficiente para declarar el cierre permanente de la instalación.
Para la jueza, las palabras de los funcionarios no bastan. Exige pruebas documentales emitidas por personas con autoridad real que confirmen que el lugar ya no funciona como centro de detención.
Hasta que no llegue el papel firmado, la jueza prefiere asumir que el Alcatraz de Caimanes sigue ahí, aunque no haya nadie operándolo.
La ley es la ley, aunque falten los papeles.