Lázaro Romero León, un cubano que llevaba 28 años firmando puntualmente sus citas con migración, descubrió que la eficiencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tiene límites: son capaces de ignorar hasta una orden judicial.
El juez Hernán Diego Vera había sido "extremadamente claro" al prohibir que trasladaran al señor Romero León fuera de Estados Unidos mientras se resolvía su situación legal. El gobierno leyó la orden, la procesó y, según admitieron después, tuvo un "aparente error de comunicación" que terminó enviando al hombre directo a la frontera con México.
La logística del error fue impecable. Tras ser expulsado ilegalmente, Romero León pasó tres meses en una "agonía pura" que incluyó ser detenido por agentes mexicanos y terminar depositado en la frontera con Guatemala. El pasajero terminó viviendo en la calle en Tapachula, con la misma ropa del día de su salida y alimentándose de donaciones.
Mientras el señor Romero León experimentaba la indigencia en el sur de México, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se encargaba de cuidar su imagen pública. Para el Departamento, el hombre es un "inmigrante ilegal criminal con un historial delictivo extenso", omitiendo el detalle de que el historial del gobierno incluye mandar personas a países donde no tienen papeles ni permiso de entrada por pura distracción.
Después de varios intentos fallidos y tres meses de trámites para corregir el desliz, Estados Unidos finalmente logró traer de vuelta al hombre a California.
El sistema de deportación ya incluye el servicio de devolución gratuita por error.