El proyecto, respaldado por figuras como Sam Altman y Marc Andreessen, no es un experimento urbanístico, sino un modelo de negocio donde la soberanía nacional se negocia por inversión extranjera. La idea es simple: crear un entorno "de clase mundial" donde los inversionistas puedan vivir y trabajar sin las molestias de las leyes locales.
Para lograrlo, aprovecharon una reforma constitucional de 2009 y una ley de 2013 que permitió la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Gracias a este vacío legal, Próspera obtuvo la facultad de diseñar sus propios sistemas de educación, salud y seguridad social.
El nivel de autonomía es tal que la ciudad puede tener su propia policía, órganos de inteligencia y hasta su propio sistema penitenciario. Básicamente, es un estado privado con sede en Estados Unidos que recaudó unos 120 millones de dólares para montar su propia utopía burocrática en el Caribe.
Jorge Constantino Colindres, secretario técnico de Próspera, presume que el lugar ofrece la estabilidad jurídica que Honduras ha necesitado por décadas. Para compensar el hecho de que el Estado no tiene control sobre el territorio, la ciudad transfiere el 12% de su recaudación fiscal al Gobierno Nacional y a las municipalidades.
El plan de los tecnócratas no cayó bien a los locales. Entre 2020 y 2021, millones de hondureños salieron a las calles para rechazar las ZEDE. La presidenta Xiomara Castro decidió cerrar el experimento con una reforma en 2022 que eliminó estas zonas.
La respuesta de los millonarios fue la más predecible: demandar al Estado hondureño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relacionadas con Inversiones.
Ahora el litigio sobre quién manda en Roatán se ha convertido en uno de los pleitos de soberanía más caros de América Latina.
Al parecer, la libertad individual incluye el derecho a demandar al país donde decidiste poner tu propia cárcel.