La Suprema Corte decidió atraer una demanda impulsada por comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, que buscan que las abejas meliponas tengan personalidad jurídica. El objetivo es que las comunidades actúen como representantes legales de los insectos para exigir que el gobierno deje de ignorar la deforestación y el uso de pesticidas.
El caso llega al máximo tribunal después de que activistas denunciaran que las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno hicieron caso omiso a sus quejas. Ahora, la Corte analiza si es viable transitar de una visión "antropocéntrica" a una "ecocéntrica", básicamente para decidir si un insecto puede tener abogado.
Los ministros Hugo Aguilar Ortiz e Irving Espinosa Betanz consideran que es una oportunidad histórica para fortalecer la protección de los ecosistemas y el patrimonio biocultural. Según Espinosa, el caso permite estudiar si las comunidades indígenas pueden ser guardianas de la naturaleza y acudir a juicio en nombre de las abejas.
La acción legal ya generó juicios adicionales contra la Profepa y el Senasica por no investigar ni sancionar los daños ambientales denunciados. Si la Corte falla a favor, el gobierno podría verse obligado a endurecer los controles sobre pesticidas para evitar que las abejas sigan muriendo masivamente.
El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía señaló que el asunto trasciende el interés individual y plantea la protección del equilibrio ecológico nacional.
Solo falta que la Corte decida si el zumbido cuenta como argumento legal.