El fedatario cayó en un operativo coordinado entre la Sedena, la Guardia Nacional y fiscalías de Durango y Coahuila. El detonante fue la denuncia de un banco que notó que sus gravámenes hipotecarios desaparecían mágicamente gracias a la intervención del notario y el uso de documentos apócrifos.

El modus operandi era sencillo: el notario daba fe de comparecencias y firmas que jamás ocurrieron. Básicamente, Juan Antonio “N” certificaba que la realidad era lo que a sus clientes les convenía, permitiendo que personas que habían perdido litigios hipotecarios evadieran sus pagos mediante la suplantación de identidad de representantes bancarios.

Para optimizar el proceso, el notario contaba con un “gestor recurrente”, un brazo operativo que coordinaba la enajenación irregular de inmuebles en varios estados usando poderes falsos.

La eficiencia del notario era tal que ya tenía un historial previo. El 1 de junio fue vinculado a proceso por falsificar una certificación de hechos en 2022 para autorizar un poder sobre una propiedad en Tulum, donde presuntamente suplantó a la dueña legítima.

La red de complicidades es tan amplia que la investigación ya saltó a Quintana Roo, donde otro notario local también tiene orden de aprehensión por operar bajo la misma lógica de ficción jurídica.

La Fiscalía de Durango mantiene abiertas múltiples carpetas de investigación en diversas entidades del país para desarticular la red.

Hasta ahora, el notario no ha dado fe de su inocencia.