La dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez, que se vende como una de las más vigiladas del gobierno federal, resultó ser un espacio abierto para la "iconoclasia" la madrugada del viernes pasado. Una veintena de personas ingresó sin que ninguna autoridad lo impidiera, logrando el hito de pintar consignas en las cuatro fachadas del inmueble ubicado en la colonia Juárez.
El grupo no se conformó con el arte urbano en las calles Abraham González, General Prim, Atenas y Bucareli. Los manifestantes se infiltraron hasta el área de Caballerizas, donde decidieron que el mejor lugar para denunciar la falta de políticas públicas era la pista de baile.
Aline Rincón, directora del colectivo Justicia Histórica Trans, explicó que estas acciones son una respuesta a dos años de mesas de trabajo con la Subsecretaría de Derechos Humanos que no han servido para nada. Según Rincón, Gobernación se ha limitado a convocar a otras secretarías, pero no ha movido un dedo para implementar acciones afirmativas que garanticen derechos básicos.
Para el colectivo, rayar un edificio patrimonio histórico es una "acción mínima" comparada con la desprotección y los asesinatos que sufre la comunidad trans.
La seguridad federal logró custodiar el edificio, siempre y cuando no hubiera música de sonidero.